El jueves pasado, el Senado de la Nación rechazó por una abrumadora mayoría (51 votos contra 20) el pliego de García-Mansilla, quien había sido nombrado por decreto por el presidente Javier Milei y había jurado su cargo como ministro de la Corte. Ante este revés, el catedrático presentó su renuncia indeclinable.

La única legisladora que ratificó su apoyo al nombramiento fue la senadora del PRO, Carmen Álvarez Rivero, quien lamentó la renuncia y defendió el perfil del jurista:

"La renuncia de García-Mansilla a la Corte Suprema es una derrota del mérito frente a la mezquindad política. En la Argentina de hoy, sigue valorándose ‘lo mismo un burro que un gran profesor’, como decía sabiamente Cambalache. ¡Nos perdimos un gran juez de la Corte Suprema!", publicó en la red social X.

En tanto, el diputado de la UCR y ex vicepresidente, Julio Cobos, afirmó:

“Ojalá sirva la lección: el respeto a la Constitución y a la división de poderes no pueden volver a ser soslayados ni tergiversados”.

Además, recurrió al refranero popular al señalar:

“Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Lamentablemente eso sucedió con el fallido atajo buscado para nombrar jueces de la Corte”.

Desde la Coalición Cívica, la diputada Paula Oliveto también cuestionó el proceso:

“Lo que empieza mal, termina mal. Es el fin de un episodio lamentable en el que Milei nombró jueces de la Corte por decreto. Un manoseo de las instituciones que solo trae inseguridad jurídica a una Argentina que está haciendo un gran esfuerzo para salir adelante”, advirtió.

En la misma línea, el diputado socialista Esteban Paulón sostuvo que “se terminó la aventura de 'Santi' Caputo, el fantasma de la Rosada", en referencia al influyente asesor presidencial.

“Lamentablemente, una aventura que tuvo un costo altísimo en términos institucionales y que desgasta a un gobierno sin ideas, sin plan y sin capacidad de reacción. La patria lo demandará”, escribió también en la red social X.

Con esta serie de declaraciones, el rechazo a la vía elegida por el Ejecutivo para cubrir vacantes en la Corte Suprema dejó al descubierto una creciente tensión entre el oficialismo y sectores dialoguistas del Congreso, que exigen mayor apego a los mecanismos constitucionales y al respeto por la institucionalidad democrática.