Pero la democracia no es solo un sistema procedimental, es también una cuestión constitucional, donde debe imperar el pleno respeto por la ley y un alto grado de tolerancia hacia las diferentes opiniones, en especial el de las minorías. Con el método solo no alcanza. Para que haya democracia constitucional resulta indispensable la división de poderes y la existencia de un sistema consolidado de partidos políticos. Nociones borrosas en la democracia sanjuanina.
La selección de una terna de candidatos para cubrir una vacante en la Corte de Justicia de San Juan es una oportunidad para recobrar aquella noción de división de poderes ¿Cómo? Mediante el rediseño del sistema judicial ¿El primer paso? reconsiderando el rol del Consejo de la Magistratura. Este órgano extra poder ha fracaso rotundamente desde su puesta en vigencia, pues las previsiones del constituyente del ´86 fueron desplazadas por una politización de la Justicia. Así la Justicia que tenemos es producto de nuestras prácticas políticas. Por ello no se puede pedir un Poder Judicial independiente del Poder Ejecutivo, porque para tal sutileza republicana no fue construida.
Es imposible reparar la república sin advertir que su desconstitucionalización es el resultado de un sistema impersonal y que la solución a este drama institucional no pertenece al mundo de la moral individual. Es el sistema, y los sanjuaninos nos hemos convencido que esta patología por repetitiva es la regla.
¿Cuál es esa patología? Admitir la politización en la designación de los Magistrados, y que desde la política se perciba que la Justicia es un área de conquista facciosa. Entre 1986 y el 2003 el equilibrio legislativo entre diversas fuerzas políticas promovió un sistema de distribución de cargos judicial por representación popular. Era un equilibrio, cuestionable por su politización, pero un equilibrio al fin. Pero desde el 2003 a la fecha el dominio de la legislatura por parte de una sola fuerza política llevó a aquella valoración patrimonial del Estado a tener su propio poder judicial y a promover a sus propios jueces.
En ambos casos el parámetro de selección se cifra en un eufemismo: los jueces deben ser "previsibles", antes para la partidocracia, ahora para el régimen de partido único. Es decir, no deben provocar sobresaltos en quienes les confían los juzgados. Por ello las trampas y simulaciones en los concursos, que se han vuelto habituales, tienen como propósito garantizar esa complicidad.
Es así que se ha configurado una magistratura que no se percibe a sí mismo como un factor de contrapoder. Se siente parte del poder. Hemos construido una institucionalidad cada vez más lejos de lo que sería lo deseable; que llegado el caso y como lo planteaba el politólogo Guillermo O´Donnell, un sistema donde un ciudadano común pueda demandar con relativo éxito a un gobernador.
Este concurso para cubrir la vacante en la Corte de Justicia será un test. Una ocasión para medir la sensibilidad de los sanjuaninos frente a sus dificultades, cada vez más ostensibles, para construir una sociedad organizada en torno al derecho. Como afirma el periodista Carlos Pagni, “los concurso de jueces están destinados a desatar un debate urgente sobre los costos de una institucionalidad disminuida. Pero este debate no es inexorable, podría suceder que esta explicación no provoque una reacción política que pongan en evidencia que las miserias del sistema judicial son el síntoma de un proceso hacia la desigualdad y la impunidad que pase inadvertido para quienes lo padecen”.
Por eso es importante reflexionar acerca de la formación de la Corte de Justicia, esto es, que valores la atraviesan y qué méritos deben tener para ser elegidos.
Estamos frente a una oportunidad única en demostrar que nuestro sistema de administración de justicia responde a la Constitución, donde el concursos es público, donde se juzgan méritos académicos, la honestidad, la probidad y la mesura de los futuros cortistas, y no que el sistema siga raptado por concursos armados, simulados donde impera el amiguismo, los contactos, las prebendas, etc.
Designar un ministro de la Corte de Justicia es un tema demasiado serio para que la sociedad quede excluida de opinar y participar. Los jueces deciden sobre la libertad de las personas, sobre los patrimonios y sobre derechos de incidencias colectivas como el medio ambiente. Por eso su designación debe ser regida por la constitución y sus principios de transparencia y participación ciudadana. Si lo hacemos por lealtades políticas o de pertenencia de grupos de poder solo contribuiríamos a profundizar la desconfianza de la sociedad con el Poder Judicial.
Si bien existe formalmente un régimen de concurso público previsto en la Constitución y reglamentado por ley, esa instancia concursal convive con prácticas fácticas que niegan los fines de los concursos o, al menos, los simulan. Es muy complejo para cualquier abogado arribar a ese puesto institucional sin un padrino político.
Volviendo a la cita de Guillermo O´Donnel: "Hay un trabajo colectivo que solo puede encararse desde la sociedad civil. Solo los profundos cambios desde la sociedad podría rediseñar el Estado. Ese rediseño, lógicamente alcanza al sistema judicial, el diseño de su burocracia y a los patrones culturales de la identidad de sus funciones. Esa transformación cultural es la que permitirá dotar a la justicia de jueces capaces de reconciliar la ley precisamente con la justicia".
Por ello, como Consejero en la Magistratura en representación de los abogados de la Provincia de San Juan me he comprometido a fundar por escrito mi voto para seleccionar la terna de candidatos. Pero este compromiso, si bien necesario, no es suficiente. Para la selección de un cortista se impone un mayor rigor con las prácticas republicanas. Por ello propondré al Foro de Abogados de San Juan que sobre la base del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional n°: 222/2003, invite al Colegio de Magistrados, a la Unión Judicial y a las Facultades de Derecho de la U.N.S.J. y Católica de Cuyo (entre otros) a formalizar una "audiencia pública" no vinculante para el Consejo de la Magistratura y no obligatorio para los postulantes al cargo (no lo podría ser en ambos caso porque no lo prevé la Ley del Consejo de la Magistratura) pero que resultará sanadora de las Instituciones provinciales, permitiendo a la ciudadanía y las organización no gubernamentales a fines o no a la temática de la Justicia, hacer conocer en forma oportuna sus razones, puntos de vistas y objeciones que pudieran tener respecto a los postulantes al cargo de Ministro de la Corte de Justicia de San Juan.
Asimismo, invito que a través de las redes sociales que abajo se indican a que los ciudadanos y sus organizaciones no gubernamentales expresen sus opiniones y todo otro tipo aportes para la formación del mejor criterio posible a la hora de votar una terna de candidatos para ser remitida a la Legislatura Provincial.
Marcelo Arancibia
Consejero por los abogados de la Provincia de San Juan.
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