Un hombre fue detenido este miércoles en el partido bonaerense de Merlo acusado de haber participado del robo de 3.500.000 de pesos mediante el hackeo de las cuentas bancarias de la Municipalidad de 25 de Mayo, mientras que Nicolás Traut, el esposo de la cantante Laura Miller también apresado por el caso, se negó a declarar ante la justicia y pidió su excarcelación.

Las fuentes judiciales consultadas identificaron al último de los capturados como Gustavo Bruna, quien trabaja para una empresa privada de emergencias médicas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y fue localizado por la Policía Federal Argentina (PFA) en su casa de dicho partido del oeste del conurbano.

Los mismos voceros señalaron que Bruna está acusado de haber sido contactado por Traut (39), quien presuntamente le encomendó que consiguiera distintos titulares de cuentas bancarias para depositar el dinero robado en noviembre último a la Municipalidad de 25 de Mayo.

De acuerdo a la principal hipótesis del fiscal de la causa, Juan Bidone, del Departamento Judicial Mercedes, Traut era el líder de la organización mientras que en la segunda línea actuaba Bruna junto al también apresado Ramón Alvez.

Siempre en base a la acusación de la fiscalía, la banda contó con una tercera línea integrada por las personas que aportaron sus cuentas bancarias.

Tanto Alvez como Traut fueron detenidos ayer en sendos allanamientos y hoy se negaron a declarar en sus respectivas indagatorias ante Bidone, quien les imputó el delito de "defraudación a la administración pública", dijeron los informantes.

Las fuentes agregaron que las defensas de ambos acusados solicitaron la excarcelación, lo que será resuelto en los próximos días por el juez de Garantías de Mercedes Marcelo Romero.

"Es todo una mentira. No le secuestraron ni un billete en su casa. Nicolás es un corredor de carrera y el automovilismo es un negocio", dijo este mediodía a la prensa el abogado Gustavo Francone, defensor de Traut, quien agregó que "esto (por la detención de su defendido) no tendría que haber ocurrido nunca".

El letrado contó que antes de la indagatoria mantuvo una entrevista con su defendido y que le aconsejó que se negara a declarar para tener tiempo de leer el expediente.

"Tengo que leer nueve cuerpos de la causa que son mil ochocientas fojas", explicó Francone, quien remarcó que Traut fue imputado "por una defraudación simple en perjuicio de la administración pública, un delito excarcelable".

Y agregó que, según su criterio, "no existe la asociación ilícita" y que "es todo un mito" la hipótesis acerca de que el piloto es el líder de una banda.

"Para que exista una asociación ilícita se deben dar otros elementos que lo testifica la norma y no hay ninguno de esos elementos", sostuvo Francone.

Por el caso fueron detenidas 15 personas, 12 de las cuales ya fueron excarceladas pero siguen siendo investigadas.

Según los investigadores, el hackeo informático se produjo a las 23 del domingo 20 de noviembre último, pero recién fue detectado el día siguiente, a las 11, por el tesorero municipal, cuando el banco inició su actividad comercial habitual.

Los hackers ingresaron a las cuentas de la comuna y comenzaron a realizar las transferencias de fondos a otras de distintos bancos del territorio bonaerense, ante la mirada del contador del municipio, que veía como iba desapareciendo el dinero del sistema.

Para cuando las autoridades denunciaron el hecho y el Banco Central emitió la orden de bloquear las cuentas a diversas entidades financieras, diferentes personas ya habían cobrado por ventanilla sumas de entre 100.000 y 250.000 pesos, por un total de 3.500.000 de pesos.

En aquel momento, el intendente de 25 de Mayo, Hernán Ralinqueo, había evaluado que los tres millones y medio de pesos robados, que pertenecían a diversos fondos que estaban destinados para pagar sueldos y de la coparticipación, complicaba sobremanera las finanzas municipales.

Sin embargo, el Banco Provincia deslindó al municipio del perjuicio económico y le repuso el dinero robado por la organización.

La investigación sobre el robo se inició a partir de la certeza de que un grupo de hackers había obtenido fraudulentamente las claves de las cuentas de la Municipalidad, a través de un virus invasivo que infectó las computadoras de la Tesorería.

Al comprobarse el desvío de fondos estatales hacia cuentas particulares, el personal de la División Fraudes Bancarios de la PFA adoptó una serie de medidas que posibilitaron detectar la existencia de 24 "falsas transferencias a proveedores".

El dinero había sido dirigido a titulares de distintas sucursales del Banco Provincia, emplazadas tanto en la Capital Federal como en el Gran Buenos Aires.

Mediante una serie de escuchas telefónicas se individualizaron las personas involucradas en la maniobra delictiva y los domicilios de cada una de ellas, donde se efectuaron alrededor de 15 allanamientos y se logró recuperar medio millón de pesos.

Fuente:Telam