La medida oficial disuelve el organismo encargado del diseño, construcción, conservación y planificación de las rutas nacionales. Sus funciones pasarán ahora al Ministerio de Economía y a una nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.

“Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas. Es una vergüenza. Esto está armado para hacer negocios”, expresó Aleñá. Según explicó, el cierre de la DNV es una decisión ideológica que busca “achicar el Estado a su mínima expresión” y representa un grave retroceso en términos de infraestructura y seguridad vial.

De acuerdo con datos del gremio, el cierre deja a más de 5.500 trabajadores sin empleo, afecta a 118 rutas nacionales y compromete más de 40.000 kilómetros de red vial. Además, denunció que el decreto busca facilitar negocios con el patrimonio estatal, ya que los bienes de Vialidad como maquinarias y edificios serán administrados por la Agencia de Bienes del Estado (AABE).

Aleñá también cuestionó los argumentos del Gobierno sobre supuesta ineficiencia del organismo. Afirmó que Vialidad realiza tareas clave como bacheo, repavimentación, mantenimiento invernal, señalización y control de peso. "Desfinanciaron su presupuesto deliberadamente y ahora usan eso como excusa para cerrarla", agregó.

La sindicalista también criticó que el traspaso de funciones al Ministerio de Economía aleja la planificación vial de los territorios y debilita su carácter técnico y federal. “Esta decisión significa entregar la infraestructura vial al mercado, priorizando la rentabilidad por encima de las necesidades sociales”, advirtió.

Finalmente, alertó que la desaparición de Vialidad compromete la capacidad del Estado para controlar y auditar obras, y generará consecuencias en la seguridad, el empleo público y la economía local. “Esto no es solo un cierre administrativo. Es la pérdida de una herramienta clave para el desarrollo y la conectividad del país”, concluyó.