En su carta de renuncia "indeclinable", la funcionaria cuestionó el operativo de fuerzas federales realizado el martes último por orden judicial para el desalojo contra de comunidad Lafken Winkul Mapu, en predios de Villa Mascardi, en la provincia de Río Negro.
Ayer, la ministra había advertido públicamente su preocupación en relación a las siete mujeres de la comunidad del Lof Lafken Winkul Mapu que fueron detenidas por orden judicial durante el procedimiento, cuatro de ellas trasladadas luego al penal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires.
"La situación es sumamente preocupante. Desde la madrugada del 4 de octubre, hace más de 48 horas, por orden judicial se detuvieron a siete mujer indígenas", había afirmado ayer la ministra en declaraciones a la radio AM750 en relación a lo sucedido en el marco de las actuaciones dispuestas por la jueza federal subrogante Silvina Domínguez.
En ese marco, la ministra Gómez Alcorta detalló que, entre las siete mujeres detenidas se encontraba "una líder espiritual", dos de ellas se encontraban con "sus niñes muy pequeñitos" y había una mujer embarazada de cuarenta semanas "y con algunos temas de presión alta".
"Inmediatamente, el ministerio y otros organismos buscamos la información que era confusa en un primer momento. Sabíamos que se habían presentado varias excarcelaciones. Presentamos un escrito en la causa haciendo saber el riesgo que corría esta mujer embarazada que se llama Romina, manifestando la preocupación por el riesgo de su vida. Tomamos conocimiento ayer que se rechazaron todas esas excarcelaciones", afirmó la ministra en las declaraciones que formuló ayer por la mañana.
En su carta de renuncia, la ahora exfuncionaria expresó: "Los hechos de público conocimiento desatados en Villa Mascardi por el desalojo ordenado contra la comunidad Lafken Winkul Mapu, en el que se produjeron detenciones de mujeres y niños, con participación de fuerzas federales me resultan incompatibles con los valores que defiendo como proyecto político".
En la misiva, cuestionó el "encarcelamiento, la denegatoria de la excarcelación para todas ellas y aún más a una mujer embarazada de 40 semanas, la incomunicación y el traslado a más de 1.500 kilómetros de su lugar de residencia", ya que "constituyen violaciones evidentes a los derechos humanos".
Al mismo tiempo, evaluó que si la jueza subrogante Silvina Domínguez tuvo "responsabilidad directa" en el desalojo, "la misma amerita una respuesta política contundente por parte del Ejecutivo Nacional".
"En lo personal, siento que con este hecho se ha traspuesto un límite, por lo que debo dar un paso al costado para que otra persona tome a su cargo la importante responsabilidad de estar al frente de este Ministerio", sostiene en la carta conocida hoy.
La ahora ex ministra, quien anteriormente había sido abogada de la dirigente social Milagro Sala, añadió que "nada de lo expuesto elimina todo lo realizado por este gobierno en políticas de género y diversidad hasta la actualidad".
"A pesar del contexto de pandemia que atravesamos hemos construido y puesto en marcha desde cero el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Argentina" el que es "reconocido internacionalmente por los logros y las políticas innovadoras impulsadas en tan poco tiempo", remarcó en el texto.
Télam
