En declaraciones a radio La Red, el funcionario analizó que en las mesas de diálogo convocadas desde diciembre por el ministro de Justicia provincial, Julio Alak, para abordar la problemática de la superpoblación carcelaria "jamas escuché de la existencia de un plan de estas características".
Además, aclaró que "las decisiones sobre las excarcelaciones u otros beneficios a los detenidos no las toman ni los defensores, ni los fiscales, sino los jueces".
Conte Grand analizó que "aprovechando la situación de emergencia sanitaria" y una resolución dictada por él "para evaluar la situación de los internos que estaban dentro del universo de riesgo, comenzaron a adoptarse decisiones en algunos ámbitos del Poder Judicial de la provincia que no tienen nada que ver con ese objetivo".
En ese marco, destacó que el 8 de abril "se dictó una resolución desde la Cámara de Casación constituida de forma unipersonal en el que hizo lugar a un hábeas corpus".
Se refirió de esta manera a un fallo de la Cámara Federal de Casación que recomendó, hace dos semanas, otorgar la prisión domiciliaria a presos no violentos para prevenir la propagación del coronavirus entre la población carcelaria, bajo "mecanismos de control y monitoreo", y sólo para casos de "prisión preventiva por delitos de escasa lesividad o no violentos, o que no representen un riesgo procesal significativo".
Conte Grand detalló que, de acuerdo al Servicio Penitenciario Bonaerense, había unos 2.300 presos que integran el universo de riesgo, "de los cuales 50 por ciento no podía beneficiarse con esta alternativa procesal porque estaba detenido por delitos graves".
"Desde el 16 de marzo hasta hace dos días, se presentaron 2.900 pedidos de excarcelaciones, de los cuales 1.200 deben integrar el universo de riesgo. En nuestra opinión, de esos 1.200, aproximadamente 800 han sido externados", indicó.
Consideró, asimismo, el procurador que ,"al término de la pandemia, habrá que hacer una evaluación y una cantidad significativa deberá volver a la cárcel".
Además, en la entrevista que concedió esta mañana, Conte Grand reclamó "abandonar estos mecanismos por los cuales se toman decisiones unipersonales en tribunales colegiados y volver a los mecanismos de la colegiación en términos de decisión y a las tres instancias penales que tiene la provincia: jueces de primera instancia, Cámara y Casación".
Sin embargo, reflexionó que desde la Procuración se enfrentan "con este tipo de dificultades desde hace tiempo y no sólo en la emergencia" porque "efectivamente hay desvíos en la justicia respecto de la concesión de las domiciliaras".
Cuando se le preguntó a qué responden esos "desvíos" a los que hacía referencia, reconoció que pueden deberse "tanto a cuestiones ideológicas como a casos relacionados con la corrupción" y precisó que, desde la Procuración, se impulsaron muchas investigaciones en los últimos años para "neutralizar" esas situaciones.
Telam
