El gesto parece comenzar a poner fin a casi cuatro años de controversias entre los dos países por un caso emblemático, que concierne al citado empresario, sus cuatro hijos (Leandro, Luciana, Martin y Melina), su abogado, Jorge Chueco, su tesorero, Daniel Pérez Gadin, y su presunto testaferro en Suiza, Néstor Marcelo Ramos, cuya extradición a la Argentina resulta la asignatura pendiente de la normalización que estaría despuntando entre los dos países.
Doris Leuthard se entrevistará con el presidente Mauricio Macri el 18 de abril, para mejorar “la cooperación económica, comercial, científica, judicial y financiera”; y “en el marco de la ONU”, donde Suiza aspira a entrar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el periodo el 2023-2024. Suiza espera que Macri la visite antes de fin de año, o para la cumbre de Davos en enero de 2018. En Argentina viven 16.000 suizos, “la más grande comunidad helvética de América Latina”. En Suiza residen unos 10.000 argentinos.
El juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan, de Buenos Aires, inauguraron el deshielo en junio pasado. Fueron a Berna y se reunieron con funcionarios gubernamentales suizos. En agosto siguiente cursaron un exhorto pidiendo las pruebas documentales de diez cuentas bancarias, en tres establecimientos de Ginebra, y uno de Lugano, y los “testimonios de los representantes legales” de dos de esos bancos (Lombard Odier y Safra Sarasin).
Pese a la admisión a tramite de ese exhorto por parte de Suiza, la entrega efectiva de las cuentas recién estaría por iniciarse. La trama abarca la utilización de sociedades instrumentales de Panamá, Belice y España, para supuestamente enmascarar a los titulares de las cuentas: Teegan Inc, Fundación Kinsky, Tyndall Limited Inc, Fromental Corp, Wodson International SA, y Redwood Associates Corp; esta última, “dirigida por el ciudadano uruguayo Juan Pedro Damiani Sobrero”.
En dicha trama se destaca por sobre todo el papel de la financiera de Lugano, “Helvetic Services Group”, “gerenciada” por el italo-argentino Néstor Marcelo Ramos, afincado en Suiza desde 2005, a quien se acusa de ser testaferro de Lázaro Báez, y se le atribuye haber piloteado una operación de blanqueo de dinero ilegal por 33 millones de dólares, mediante la adquisición en Ginebra de títulos de la deuda pública argentina, que luego fueron liquidados en cuentas argentinas de Báez.
El exhorto argentino revela que la sospecha del origen ilícito de esos fondos radica en “la actividad económica” de Báez, la construcción, “a consecuencia y/o con estrecha relación de sus conocidos vínculos (personales y comerciales)” con los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner, “y de la múltiple y millonaria obra pública que le fue adjudicada a lo largo de los mandatos de ambos”, para dejar de ser un empleado bancario y convertirse “en un empresario contratista del Estado”.
Se le reprocha a Báez haberse servido de “la subcontratación fraudulenta de empresas … para realizar trabajos en las obras públicas asignadas por el Estado y de ese modo generar costos que no eran reales”; y “presentar “facturas apócrifas”, que “no solo constituye un fraude fiscal”, sino también “para ocultar sobreprecios en las obras que llevaban adelante con dinero público”, hechos que encuadrarían en los delitos de fraude fiscal y defraudación contra la administración pública.
Juan Gasparini, Ginebra, Suiza.
