Inspectores del organismo encontraron 40 empleados sin registrar de nacionalidad boliviana, paraguaya y peruana que realizaban sus tareas sin ninguna medida de seguridad, expuestos a potenciales accidentes de todo tipo. 

Entre las irregularidades se detectaron instalaciones eléctricas defectuosas,  matafuegos vencidos y cámaras de seguridad para controlar a los trabajadores, cuyas  jornadas laborales llegaban a alcanzar las 12 horas. Además, percibían salarios por debajo del convenio colectivo.

Todos los establecimientos eran manejados por una familia de origen coreano.

A raíz de las irregularidades detectadas, se procedió a la clausura de uno de los talleres dando intervención al Juzgado Nacional en lo Penal Económico de turno, a cargo del Dr. Marcelo Aguinsky, quién avaló la decisión tomada por la AFIP hasta tanto el empleador regularizara su situación, hecho que luego ocurrió. Es para destacar la rápida y firme intervención del Juzgado en su competencia.

La AFIP presentó ante la Justicia una denuncia por reducción a la servidumbre, basándose en el testimonio de los trabajadores, las extensas jornadas laborales y las precarias condiciones en que desarrollaban sus tareas.

Debido al panorama hallado, se dio intervención tanto a la Dirección Nacional de Migraciones como a la Dirección de Seguridad e Higiene del GCBA.