Fuentes judiciales informaron que "no hay absolutamente ningún indicio" que relacione al motociclista Luis Levalle (23) y a su acompañante, de 17 años, con el robo denunciado por Píparo y Buzali, al tiempo que confirmaron que la fiscal platense a cargo de la causa, María Eugenia Di Lorenzo, cuenta con un video en el que se ve a los posibles autores del asalto, quienes aún no fueron identificados.

A su vez, por pedido de la Justicia, personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata allanó esta tarde el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), ubicado en diagonal 80 y calle 5 de esa ciudad, para secuestrar las grabaciones de las cámaras de seguridad de cuando ocurrieron los hechos.

Al respecto, la Municipalidad de La Plata detalló esta noche en un comunicado de prensa que fueron entregados 73 DVDs con 400 horas de filmación, los libros de guardia y los datos de todo el personal que trabajó el 31 de diciembre y el 1 de enero último.

Por su parte, Píparo aseguró en las últimas horas a través de una carta que difundió por las redes sociales que tanto ella como su esposo se encuentran "a disposición de la Justicia" y que será esa instancia la que determine lo que sucedió con el robo y con el hecho posterior, al que definió como un "accidente".

Más temprano, los abogados de los dos motociclistas atropellados solicitaron al Juzgado de Garantías 5 de La Plata, a cargo de Marcela Garmendia, que ordene la detención de Buzali al sostener que existen "peligros procesales".

"Atento al comportamiento desplegado por Juan Ignacio Buzali en el acontecer de los hechos, quedó demostrado su desprecio total por el derecho, poniéndose en fuga luego de atropellar a las víctimas, esto constituye un peligro cierto de fuga", señaló Martín De Vargas, abogado de Levalle, en su escrito al que tuvo acceso Télam.

El letrado añadió que "la existencia de funcionarios públicos asistiéndolos" tras el hecho demuestra que "existe entorpecimiento en la investigación, ya que han utilizado influencias para evitar ser detenidos y también evitar el control de alcoholemia".

De Vargas hizo referencia así a dos situaciones que consideró irregulares: que el secretario de Seguridad municipal acudiera inmediatamente al lugar tras el hecho y que el esposo de Píparo no fuera sometido al test de alcoholemia de manera inmediata.

"Dada la existencia de esos peligros procesales, para asegurar la finalidad del proceso penal", De Vargas solicitó al juzgado "que pida la detención de Buzali" y, al mismo tiempo, que se aparte de la magistrada Garmendia, ya que es madre de Juan Manuel Martínez Garmendia, quien integra el Gabinete municipal de Julio Garro, al igual que Píparo y el secretario de Seguridad Darío Ganduglia.

Ahora la magistrada deberá responder si se aparta o no del caso.

A su vez, Rodolfo Baqué y Juan Fontana, letrados del adolescente que acompañaba a Levalle, solicitaron que Buzali sea imputado del delito de doble homicidio en grado de tentativa, al asegurar que "no se trató de un accidente de tránsito".

En declaraciones, Baqué dijo que el esposo de la legisladora quiso "provocar una lesión a dos ladrones armados", por lo que pidió que se ordene su "inmediata detención" y que se intime a la Municipalidad de La Plata a "que aporte el material en crudo de los videos" del hecho.

En el escrito presentado ante Garantías, Baqué y Fontana plantearon que "Buzali ha tenido una clara intención de causar la muerte" de los motociclistas.

"Entendemos que el señor Buzali, al impactar de manera artera, traicionera e intencional en la parte trasera de la moto a una velocidad excesiva (...) tuvo como finalidad acabar con la vida de los mencionados, motivado, por la sed de venganza y la ira al considerarlos autores del robo que habían sufrido él y su esposa, más de 70 minutos antes".

"Buzali y Píparo creían que los jóvenes eran peligrosos ladrones armados, por lo que al presumir que portaban armas de fuego, Buzali los embistió con la clara intención de matarlos", explicó Baqué.

El abogado agregó que "al entrar en error, quisieron meter presos a dos perejiles inocentes e instalarlos mediáticamente como culpables cuando se trata de chicos trabajadores que estaban mirando la quema de muñecos de fin de año con otras 12 personas más".

En el escrito judicial, los letrados plantearon, además, que luego quisieron "darse a la fuga" aunque no lo lograron "por la decidida persecución que le realizan motociclistas amigos" de las víctimas.

Por otra parte, el abogado de la legisladora, Fernando Burlando, consideró esta mañana en diálogo con distintos medios que el planteo de los letrados está "alejado de la cordura que impone el derecho" y pidió "no perder el foco de lo más importante" que es "el episodio de inseguridad" que sufrió Píparo, a diez años de haber sido víctima de otro hecho criminal en el que perdió a su bebé de nueve meses de gestación.

Según Píparo, el hecho ocurrió cerca de las 2 de la madrugada de Año Nuevo, cuando fue asaltada por seis "motochorros" que la interceptaron en momentos en que llevaba a su padre a su casa y le robaron la cartelera con 20 mil pesos y su teléfono iPhone.

La legisladora agregó que tras ello y cuando se dirigía con su esposo a realizar la denuncia en una comisaría a bordo de su Fiat 500L, volvieron a ser interceptados por los "motochorros" y en ese momento embistieron una de las motos para escapar.

Telam