La investigación se inició a partir de una denuncia realizada por los vecinos del lugar.

Por lo que, el fiscal Rolero Santurián, dispuso la realización de una inspección que fue coordinada y llevada a cabo por el Área de Fauna de la Oficina de Coordinación Operativa del MPF, con intervención de la Agencia de Protección Ambiental (APRA), la Dirección General de Fiscalización y Control Ambiental (DGCONTA), y el Departamento de Investigaciones de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina.

A través del procedimiento, se verificó el funcionamiento de un criadero ilegal de fauna silvestre y se logró individualizar a 7 ejemplares de amazonas aestivas (loros habladores), 2 loros yacos africanos, 4 guacamayos azules y amarillos, 2 guacamayos rojos, 3 tucanes, 2 loros barranqueros, 2 cotorras argentinas y 1 pato de collar.

Se trata, en la mayoría de los casos, de ejemplares psitácidos de temperaturas tropicales, que sufren las condiciones climáticas actuales de CABA, destacaron desde el MPF.

En tanto, solo se pudo acreditar la trazabilidad de los ejemplares en tres casos, mientras que de los restantes, se determinó que eran mantenidos en cautiverio en total clandestinidad, en condiciones higiénicas y sanitarias deficitarias, afectando la salud de las aves.

Además, la comercialización de estas especies está expresamente prohibida en el ámbito de la CABA, al igual que la actividad de criaderos, por eso se procedió a la clausura de la actividad y al decomiso de la totalidad de los 24 ejemplares hallados.

Se labraron actas de comprobación por tenencia irregular de animales y actividad comercial o lucrativa sin autorización legal.

Asimismo, el fiscal dispuso la detención de dos mujeres responsables del lugar, una de ellas mayor de 70 años y la otra a su cuidado, y las imputó por actos de crueldad animal y por infracción al Régimen de Trafico de Fauna Silvestre, ordenando que permanezcan en el domicilio investigado.

Las aves, cuyo valor en el mercado ilegal de fauna ronda aproximadamente los 450.000 dólares, fueron trasladadas a la Reserva Ecológica Costanera Sur y al Bioparque Temaikén, a los fines de iniciar un proceso de evaluación de cuarentena y viabilidad de su reubicación en sus hábitats naturales.

Por último, la prohibición expresa de la normativa local busca no solo evitar los actos de crueldad sino también, prevenir en materia sanitaria dado que los psitácidos son propensos a la generación de enfermedades zoonóticas, señalaron desde el Ministerio Público Fiscal.

Telam