La decisión se comunicó mediante un mensaje breve en el que se indicó que se retirarían las huellas dactilares a los periodistas acreditados, en el marco de una investigación vinculada a un presunto caso de espionaje ilegal.

El hecho ocurre luego de que la Casa Militar denunciara a dos periodistas por supuestas maniobras de espionaje. Hasta el cierre de esta nota, la medida no había sido formalizada a través de canales oficiales ni comunicada de manera institucional a los medios.

En los últimos días, el gobierno encabezado por Javier Milei ya había adoptado decisiones similares, restringiendo el acceso a determinados periodistas a quienes vinculó con una supuesta campaña extranjera en su contra.

La medida generó preocupación en el ámbito periodístico, en medio de cuestionamientos por el acceso a la información pública y el ejercicio de la labor de prensa en la sede gubernamental.