Las denuncias buscarán alcanzar no solo a las empresas, sino también a sus responsables y directivos.
El Gobierno de Javier Milei anunció la presentación de nuevas denuncias penales contra empresas vinculadas a actividades hidrocarburíferas que se desarrollarían en la Plataforma Continental Argentina, en una medida que también apunta a individualizar y responsabilizar a los directivos y representantes de las compañías involucradas.
Según informó la Oficina del Presidente, las actividades investigadas podrían constituir un incumplimiento de las prohibiciones establecidas por la Ley 26.659, normativa que establece restricciones para determinadas actividades vinculadas con hidrocarburos en áreas de la plataforma continental sujetas a la soberanía argentina.
La nueva estrategia judicial no se limitará a las personas jurídicas. El Gobierno anticipó que buscará determinar la responsabilidad individual de directores, gerentes, administradores, representantes y otras personas que hayan intervenido en las decisiones relacionadas con las actividades investigadas.
Nuevas causas y ampliación de procesos
De acuerdo con el comunicado oficial, las acciones judiciales contemplarán tanto la ampliación de procesos que ya se encuentran en trámite como la apertura de nuevas causas.
La decisión se enmarca en la política del Gobierno nacional frente a las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en áreas vinculadas al reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas y su plataforma continental.
Desde la Casa Rosada señalaron que el objetivo es avanzar sobre todos los actores que pudieran tener responsabilidad en operaciones consideradas contrarias a la legislación argentina.
“El Estado nacional sigue y seguirá avanzando en la implementación de aquellas acciones que permitan responsabilizar a todos aquellos que se encuentren violando nuestra soberanía nacional”, sostuvo el Gobierno.
El foco puesto en los responsables de las empresas
Uno de los aspectos centrales del anuncio es que las denuncias buscarán superar la responsabilidad exclusivamente empresarial.
La administración de Milei pretende identificar a quienes hayan tomado decisiones o participado directamente en las actividades cuestionadas, incluyendo a integrantes de los directorios y otros responsables con capacidad de decisión dentro de las compañías.
El Gobierno afirmó que utilizará las herramientas legales disponibles para impedir que empresas o particulares desarrollen actividades que, según su interpretación, vulneren los derechos soberanos de la Argentina.
La medida abre así una nueva etapa en la estrategia judicial oficial sobre las actividades hidrocarburíferas vinculadas con la zona de Malvinas, con el foco puesto tanto en las empresas como en las personas que pudieran resultar responsables.