La investigación estará a cargo del juez federal Ariel Lijo luego de que el fiscal Guillermo Marijuan dictaminara en favor de dar curso a la denuncia presentada directamente por la ministra de Seguridad, Patricia Bullruich, el viernes pasado en base a una denuncia anónima.

El fiscal Di Lello pidió enviar a jucio oral al ex vicepresidente y a otros seis acusados por presuntas coimas y negociaciones incompatibles con la función pública a raíz de las maniobras ilegales para comprar la imprenta Ciccone Calcocraf y lograr que se la adjudicara la impresión de papel moneda por parte del estado nacional.

El exsenador del Frente para la Victoria Nicolás Fernández fue procesado por contrabando de divisas al intentar salir al exterior a través del Aeropuerto de Ezeiza con más dinero en dólares de lo que establece la ley.

La acusación que recayó sobre la ex presidenta es por supuesta defraudación a la administración pública y negociaciones incompatibles al darse por probado que el 80 por ciento de la obra pública en esa provincia durante el kirchnerismo se adjudicó a Báez, por \"más de 16.000 millones de pesos\", según el dictamen.

El pedido de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques se hizo al juez federal Julián Ercolini, en esta causa que se tramita de manera conexa a la de Hotesur, donde se investiga el alquiler de hoteles de esa sociedad de la familia de la ex presidenta a empresas beneficiadas con obra pública, informaron fuentes judiciales.

Fuentes del juzgado anticiparon que el dictamen será estudiado y luego se resolverá si se hace lugar al planteo de los fiscales.Pollicita y Mahiques analizaron informes de Vialidad Nacional sobre 49 obras públicas adjudicadas a empresas de Báez en el kirchnerismo, y pidieron indagar a la ex presidenta, al ex ministro de Planificación y actual diputado nacional Julio De Vido, al detenido ex secretario de Obras Públicas José López y al también preso Lázaro Báez, entre otros.

También se pidió la indagatoria del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y de un primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, y se pidió la inhibición general de bienes de todos los imputados.

Para los fiscales, se ideó una \"operatoria criminal\" para montar \"una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos\".

A través de ella -detalla el dictamen- \"desde el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos de la administración estatal con intervención en materia de obra pública —en este caso, el Ministerio de Planificación, la Secretaría de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Vialidad y la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz— se montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80 por ciento de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz, lo que representó contratación del Estado en favor de Lázaro Antonio Báez por más de 16.000 millones de pesos\".

Esto se da en el marco de la investigación por la existencia de una supuesta asociación ilícita \"dirigida desde la más altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, en primer término por el ex presidente Néstor Kirchner y luego por su esposa, la ex primer mandataria Cristina Fernández de Kirchner\".

Ambos, \"conjuntamente con funcionarios de distintas reparticiones del Estado y un reducido número de empresarios amigos, entre los que se puede mencionar a Lázaro Antonio Báez, se habrían dedicado de manera sistemática y constante a llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos, evidenciando de esta manera una matriz de actuación propia, en lo que la comunidad \", recordaron los fiscales.

Báez era \"el amigo y socio comercial de la ex familia presidencial\", y resultó \"el más beneficiado en los procesos de licitación, adjudicación y control de obra pública vial que eran asignados a las empresas de su grupo económico —entre ellas, Austral Construcciones, Kank y  Costilla, Gotti y sucesión de Adelmo Biancalani\",  explicaron los fiscales.

En este sentido, señalaron que, \"paralelamente, le garantizaba a los Kirchner, ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimientos hoteleros, lo que evidencia que esta maniobra podría tratarse del paso previo de la hipótesis de lavado de dinero que se investiga en la causa conexa denominada “Hotesur”\".

La ex presidenta ya está procesada en otra causa por la venta de dólar futuro al final de su gobierno y es investigada además por su sociedad Los Sauces, ambas a cargo del juez federal Claudio Bonadio.

En tanto Báez está detenido por orden del juez federal Sebastián Casanello en la causa que investiga lavado de activos a través de su empresa Austral Construcciones.

Fuente:Telam

La Justicia de la provincia de San Luis ratificó el procesamiento del exintendente de la localidad puntana de la Calera Diego Lorennzetti, acusado de ser el autor intelectual del homicidio de su esposa, Romina Aguilar, ocurrido el 30 de enero de 2016 en la capital provincial.

General de los Recursos de la Seguridad Social y la Dirección General Impositiva, clausuró de forma preventiva un predio en donde funcionan un horno de fabricación de ladrillos y un corralón por presunta evasión previsional y tributaria.